Este artículo complementa y concreta mi artículo
anterior.
En primer lugar, comencemos
por la palabra de moda: federalismo. Como dice el profesor Manuel Zafra,
el Estado federal nace pero no se hace. Es muy difícil convertir un Estado ya
formado en un Estado federal que presupone la existencia e independencia previa
de los Estados. El federalismo siempre ha sido el subconsciente del Estado
autonómico, bien para criticar sus presuntos excesos, bien para señalar sus
supuestas debilidades. Pero convertir España en un Estado federal es algo muy
complejo que exige previamente una elaboración teórica y técnica muy profunda.
El inicio podría ser la creación consensuada de una comisión de trabajo con
personas independientes y de prestigio que elaborasen una propuesta técnica.
Esa propuesta, más un debate profundo y coordinado, podría ser una buena
solución. Es un proceso que requiere una modificación constitucional profunda y
compleja. Sentido de Estado, grandeza de miras, consenso social y político, son
algunos requisitos imprescindibles.
La regeneración
democrática que España requiere tiene un gran objetivo: la defensa real y
efectiva de una democracia de calidad y el progreso económico y social frente a
la creciente fragmentación territorial y social. Y necesita un gran
instrumento: el relevo en las instituciones de poder y en la articulación de la
nueva sociedad por parte de las nuevas generaciones, como así lo prescriben la
lógica y la biología. Como medidas concretas, no en plan recetas sino como
elementos de discusión, citaría las siguientes:
En primer lugar, un
pacto estructural por el empleo y las pensiones, con la participación de
Gobierno, partidos políticos, centrales sindicales y organizaciones
empresariales. La Reforma Laboral del PP debe ser cambiada por directrices de
la UE que hagan semejantes para todos los países miembros, sueldos mínimos (y
máximos), condiciones laborales y derechos humanos en general. El Estatuto de
los Trabajadores, desnaturalizado por la última Reforma Laboral del PP, sería
un buen punto de partida. Es también necesaria una reforma en profundidad del
sistema de pensiones que tenga en cuenta la mayor esperanza de vida de la población.
En esta cuestión, las propuestas técnicas de los expertos y el consenso
político de los partidos es requisito imprescindible para su sostenibilidad.
En segundo lugar, es
urgente una reforma y modernización de las diversas Administraciones públicas:
eliminando la duplicación de estructuras y funciones hasta conseguir un Estado
eficaz y eficiente, en función de las nuevas demandas de España y la UE. Una
buena herramienta sería una aplicación operativa del Estatuto Básico del
Empleado Público que contribuya a profesionalizar la dirección de la gestión,
limitando la designación política de altos cargos para protegerlos de
interferencias. También es necesario garantizar un acceso adecuado a la
información sobre la gestión de las Administraciones, que facilite la rendición
de cuentas de los gestores y el juicio crítico por parte de los administrados.
Como medida de alto
voltaje social es imprescindible un pacto por la educación y la sanidad
públicas, como soportes fundamentales de un Estado mínimo de bienestar. La
formación de capital humano e investigación no puede estar al albur de cambios
de gobierno ni reclamos electorales. La igualdad de oportunidades y el premio
al esfuerzo individual deben ser criterios básicos. Lo mismo cabe decir sobre
la sanidad pública, donde el Estado debe garantizar la cobertura universal,
independientemente del lugar donde se resida.
La tercera pata del
Estado democrático de derecho, el poder judicial, todavía no ha sido objeto de
una transformación democrática rigurosa. La igualdad de los ciudadanos ante la
ley es papel mojado dada la lentitud e ineficacia en el funcionamiento de los
tribunales.
Todo ello no sería
económicamente posible sin una reforma fiscal justa y equitativa, sin
exenciones que conviertan en papel mojado cualquier normativa existente. Y con
una inspección rigurosa e independiente de elementos y “precauciones”
políticos. En España no hay ética ni conciencia políticas porque se ha
cultivado la opinión de que pagar a Hacienda es de tontos o despistados. O de
pobres, porque los ricos no suelen pagar.
Dos medidas más
directamente políticas. Una Ley de Partidos que garantice la democracia interna
y la transparencia de las formaciones políticas. Y una Ley Electoral que
modifique algunos elementos de la normativa actual, de manera que armonice una
proporcionalidad real de la representatividad popular con una gobernabilidad
eficaz.
Faltan más medidas que
mis inteligentes lectores suplementarán.
Mariano Berges, profesor de filosofía
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