sábado, 16 de agosto de 2014

REGENERACIÓN DEMOCRÁTICA (y II)

Este artículo complementa y concreta mi artículo anterior.
En primer lugar, comencemos por la palabra de moda: federalismo. Como dice el profesor Manuel Zafra, el Estado federal nace pero no se hace. Es muy difícil convertir un Estado ya formado en un Estado federal que presupone la existencia e independencia previa de los Estados. El federalismo siempre ha sido el subconsciente del Estado autonómico, bien para criticar sus presuntos excesos, bien para señalar sus supuestas debilidades. Pero convertir España en un Estado federal es algo muy complejo que exige previamente una elaboración teórica y técnica muy profunda. El inicio podría ser la creación consensuada de una comisión de trabajo con personas independientes y de prestigio que elaborasen una propuesta técnica. Esa propuesta, más un debate profundo y coordinado, podría ser una buena solución. Es un proceso que requiere una modificación constitucional profunda y compleja. Sentido de Estado, grandeza de miras, consenso social y político, son algunos requisitos imprescindibles.
La regeneración democrática que España requiere tiene un gran objetivo: la defensa real y efectiva de una democracia de calidad y el progreso económico y social frente a la creciente fragmentación territorial y social. Y necesita un gran instrumento: el relevo en las instituciones de poder y en la articulación de la nueva sociedad por parte de las nuevas generaciones, como así lo prescriben la lógica y la biología. Como medidas concretas, no en plan recetas sino como elementos de discusión, citaría las siguientes:
En primer lugar, un pacto estructural por el empleo y las pensiones, con la participación de Gobierno, partidos políticos, centrales sindicales y organizaciones empresariales. La Reforma Laboral del PP debe ser cambiada por directrices de la UE que hagan semejantes para todos los países miembros, sueldos mínimos (y máximos), condiciones laborales y derechos humanos en general. El Estatuto de los Trabajadores, desnaturalizado por la última Reforma Laboral del PP, sería un buen punto de partida. Es también necesaria una reforma en profundidad del sistema de pensiones que tenga en cuenta la mayor esperanza de vida de la población. En esta cuestión, las propuestas técnicas de los expertos y el consenso político de los partidos es requisito imprescindible para su sostenibilidad.
En segundo lugar, es urgente una reforma y modernización de las diversas Administraciones públicas: eliminando la duplicación de estructuras y funciones hasta conseguir un Estado eficaz y eficiente, en función de las nuevas demandas de España y la UE. Una buena herramienta sería una aplicación operativa del Estatuto Básico del Empleado Público que contribuya a profesionalizar la dirección de la gestión, limitando la designación política de altos cargos para protegerlos de interferencias. También es necesario garantizar un acceso adecuado a la información sobre la gestión de las Administraciones, que facilite la rendición de cuentas de los gestores y el juicio crítico por parte de los administrados.
Como medida de alto voltaje social es imprescindible un pacto por la educación y la sanidad públicas, como soportes fundamentales de un Estado mínimo de bienestar. La formación de capital humano e investigación no puede estar al albur de cambios de gobierno ni reclamos electorales. La igualdad de oportunidades y el premio al esfuerzo individual deben ser criterios básicos. Lo mismo cabe decir sobre la sanidad pública, donde el Estado debe garantizar la cobertura universal, independientemente del lugar donde se resida.
La tercera pata del Estado democrático de derecho, el poder judicial, todavía no ha sido objeto de una transformación democrática rigurosa. La igualdad de los ciudadanos ante la ley es papel mojado dada la lentitud e ineficacia en el funcionamiento de los tribunales.
Todo ello no sería económicamente posible sin una reforma fiscal justa y equitativa, sin exenciones que conviertan en papel mojado cualquier normativa existente. Y con una inspección rigurosa e independiente de elementos y “precauciones” políticos. En España no hay ética ni conciencia políticas porque se ha cultivado la opinión de que pagar a Hacienda es de tontos o despistados. O de pobres, porque los ricos no suelen pagar.
Dos medidas más directamente políticas. Una Ley de Partidos que garantice la democracia interna y la transparencia de las formaciones políticas. Y una Ley Electoral que modifique algunos elementos de la normativa actual, de manera que armonice una proporcionalidad real de la representatividad popular con una gobernabilidad eficaz.
Faltan más medidas que mis inteligentes lectores suplementarán.

Mariano Berges, profesor de filosofía

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